Los abogados Nathan Alí Barillas Ramírez y Markos José Torres C., en el caso que se le sigue a la abogada Alexandra Rodríguez, fueron claros en calificar el hecho como un adefesio jurídico sin precedentes “sin pruebas válidas, con violación de sus derechos fundamentales y sin dejar espacio a su defensa legítima convierten a este proceso sui generis dentro del Derecho”.

Precisaron que el Ministerio Público pretende hacer infundadamente partícipe a la Dra. Alexandra Janett Rodríguez García, de los delitos de corrupción agravada y agavillamiento con un audio anónimo que circula por las redes, atribuyéndole ser miembro de una presunta red de Fiscales del Ministerio Público dedicada a la extorsión de ciudadanos investigados, imputados y procesados., destacaron Barillas y Torres para agregar que el referido audio, obtenido ilegalmente y violando todas las disposiciones normativas procesales de rango constitucional que resguardan el debido proceso, NO HACE MENCIÓN ni directa ni indirectamente a la Dra. Alexandra Rodríguez”.

Por tanto, consideran los abogados litigantes “el Tribunal acoge la calificación fiscal imputada y decreta con lugar la privativa de libertad contra la imputada sin fundados elementos de convicción, sino solo bastando con la publicación efectuada por la red social Twitter”, precisan.

Un proceso al margen de la Ley, contrario a los preceptos del Poder Judicial y Moral Repiblicano.

Al culminar indicaron que la acusada NO ES PARTÍCIPE directa ni indirectamente de los hechos que le fueron imputados a los abogados Freddie Freites y Yulimar Ureña pues, al respecto en la totalidad de las actuaciones ni siquiera se menciona como el Fiscal del Ministerio Público subsume la forma y circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la imputada presuntamente participó en los hechos; así mismo, manifestaron que NO EXISTE EXPERTICIA DE TELEFONÍA que la vincule, tampoco existe experticia que permita verificar el daño patrimonial cuantificado, ni una experticia contable que permita confirmar el enriquecimiento, provecho o ventaja patrimonial injustificado valiéndose de su cargo como funcionaria adscrita a la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Mérida; de igual modo no presenta, el Ministerio Público, un análisis de la vinculación entre la investigada y los ex fiscales detenidos que permita presumir la participación de la Dra. Rodríguez.

Por lo que al no haber sido nombrada por los autores del audio ni mucho menos mencionarla, simplemente incurre el Ministerio Público en una infame arbitrariedad cohonestada por el Tribunal.

Hacen un llamado, junto a sus familiares y compañeros de trabajo al cumplimiento de lo establecido en el Estado de Derecho, al cese de la persecución, que se haga justicia y se respeten los Derechos fundamentales de la abogada Rodríguez García.