En uso de las atribuciones conferidas en la Ley de Universidades y de acuerdo con lo acordado en la sesión celebrada el martes pasado 09/03/2021, el rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, convocó a una Sesión Extraordinaria presencial del Consejo Universitario que se realizará este martes 16 de marzo de 2021, a partir de las 8:30 am  en el  Aula Magna,  y con el debido respeto de las medidas de bioseguridad.

La crisis universitaria,  acciones para afrontar esta crisis, denuncia ante los organismos de defensa de los derechos humanos y fundamentales, tanto nacionales como internacionales, es el punto global de agenda en la que participarán representantes de las fuerzas vivas de la ciudad y el Estado Mérida.

Las invitaciones están cursadas al Cardenal Porras Cardozo, el Obispo Auxiliar, el Gobernador del Estado Mérida, el Alcalde del Municipio Libertador, representantes de los exRectores ULA, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, Fedecámaras, Colegios de Profesionales, entre otros con igual presencia de Gremios, FCU y miembros del Consejo Universitario.

Motivación de la sesión

Existe una crisis generalizada, en todos los ámbitos, en nuestro país.  Ejemplo de ello es el racionamiento o dificultad para acceder a gasolina, al gas doméstico, a servicios de calidad tales como telefonía e internet.  El continuo racionamiento de la electricidad ha disminuido la calidad de vida del venezolano, y en particular la del andino.

Por otra parte la hiperinflación, el deterioro progresivo y generalizado del poder adquisitivo del salario ha producido una de las migraciones más grande de la historia. Obviamente esta migración ha incidido en todos los sectores, y de ello no ha escapado las Universidades Venezolanas. Antes de la pandemia, en este Consejo Universitario habíamos conocido que entre 2017 y 2019 habíamos perdido más del 40% de la matrícula estudiantil. Por otra parte, el sector público nacional ha sido uno de los sectores más golpeados por esta crisis.  De hecho, no hace mucho, según estudios de la UCAB, teníamos unos seis millones de empleados públicos. Por algunos indicadores de estos estudios, producto de la diáspora y de otras causas, presumimos que debemos quedar unos 2,4 millones. 

Además de la existencia perversa de la hiperinflación, ya se aprecia una «dolarización» de hecho, más no de derecho, y encima, «inflación en divisas», lo cual revela una especulación campante. No se aprecian esfuerzos por erradicar esta situación. 

Quienes detentan el gobierno han sometido a la universidad a un recurrente acoso presupuestario que ha vuelto obsoleta buena parte de las instalaciones. La ULA sigue ocupando buenos lugares en los rankings internacionales, pero ha descendido sensiblemente en ellos. Se adiciona a esto la imposición que está haciendo el Ministerio de Educación Universitaria para que los salarios y pensiones del personal universitario sean pagados mediante un mecanismo de control social como lo es el “Sistema Patria”. Argumentan en este ministerio que sólo está cambiando el software para hacer el depósito en las cuentas nóminas bancarias de los universitarios. Este Consejo Universitario ha considerado que esta es una violación a la Autonomía Universitaria.

Esta pretendida centralización en los pagos obliga a recordar experiencias ya transitadas y los resultado han sido funesto. Anteriormente los Comedores Universitarios eran administrados por cada universidad. Se eliminó la partida presupuestaria bajo la promesa de que llegarían oportunamente los insumos para elaborar la comida (cárnicos, carbohidratos y algunos vegetales). La inconstancia en la entrega de estos insumos condujo al cierre de los comedores. Otro ejemplo: antes  se tenía un sistema de protección social en materia de salud muy eficiente. El Ministerio centralizó los recursos en un sistema denominado SISMEU, que hoy en día está prácticamente desaparecido, y en consecuencia los universitarios están desprotegidos. Existen otros ejemplos donde la centralización ha sido la estrategia, escrita o no, diseñada o no, para que desaparezcan derechos y beneficios laborales.

Al igual que en prácticamente todos los sectores públicos, la mayoría de los universitarios percibimos unos salarios que oscilan entre los 2 y 5 dólares mensuales, o 2/30= 0,07 y 5/30= 0,17 $/ día,  lo que nos califica como indigentes, puesto que el Banco Mundial coloca en el rango de pobreza crítica o indigencia a todo aquel que perciba menos de 1,9$/diarios. Con la dolarización y la hiperinflación es inviable vivir sólo con un sueldo universitario. Y es por ello que muchos universitarios han iniciado emprendimientos. Recientemente el Ministerio de Educación Universitaria anuncia un incremento de sueldos en un 50%, en un país donde la inflación anual tiene hasta cuatro cifras. Este incremento, ante la creciente devaluación de bolívar hace que sigamos ganando entre 2 y 5 dólares diarios.

 A todo este oscuro panorama agregue la pandemia de la Covid-19, que ha terminado de minar la calidad de vida del Universitario bien por las mismas consecuencias de la pandemia, bien por la ausencia de un sistema de seguridad social. La situación salarial y la ausencia de seguridad social en nuestra universidadobliga a una pregunta clave: ¿Si mañana termina la pandemia, y el Consejo Universitario llama al reinicio de actividades, cuántos volverán?

Frente a este panorama el Consejo Universitario de la ULA ha realizado grandes esfuerzos por mantener vigente la institución. El 17 de Julio del año pasado se decidió iniciar actividades docentes de pregrado no-presenciales.  Ha sido una experiencia enriquecedora, pero ha mostrado grandes debilidades y por supuesto, iniquidad en el acceso a esta modalidad por muchos estudiantes.  Aquí mismo en Mérida-Ciudad hay sectores que ni siquiera tienen cobertura celular y menos internet telefónico. A pesar de tener las mejores intenciones es necesario recalcar que no es posible una normalidad tanto en educación no presencial, como semi-presencial, como presencial porque quienes nos gobiernan se han olvidado de atender a las Universidades. El Gobierno, frente a la gratuidad de la enseñanza, ha decidido no financiar a las Universidades como es su deber.

Muchas carreras y Facultades completas se han sumado a esta experiencia de no-presencialidad, que para, muchos de nosotros no es nueva. Pero otras no se han sumado a esta nueva modalidad por diversas razones. Una de ellas es el tema salarial. Incluso han surgido propuestas inconstitucionales como la de cobrar a nuestros estudiantes, situación que es inconstitucional. Surgen propuestas de autosostenibilidad, situación que prácticamente imposible puesto que la nómina (a enero 2021) de profesores, empleados y obreros es de 13.647. Si cada uno de ellos recibiera una cantidad ligeramente superior a los establecido por el Banco Mundial para no entrar en pobreza crítica (1,9$/día), requerimos 818.793 dólares al mes. El presupuesto asignado para el año 2021 es de 950.100 dólares, pero para todo el año.

Se ha realizado sesiones del Consejo Universitario para abordar esta crisis. Se han dirigido innumerables comunicaciones al Ministerio y otras instancias gubernamentales y los resultados han sido infructuosos. Ahora, en este Consejo Universitario nos planteamos abordar esta crisis, pero con las fuerzas vivas del Estado Mérida. Una actividad similar ha sido acordada para Táchira y Trujillo.

Relatoría

Una Comisión Relatora, conformada por la Decana de la Facultad de Humanidades y Educación (quien coordina), la Directora del Observatorio de Derechos Humanos y el representante profesoral ante el Consejo Universitario y el profesor Juan Carlos Rivero elaborarán y expondrán un resumen de las propuestas presentadas en la sesión extraordinaria. Prensa ULA.