El dirigente nacional de la organización política Unión y Progreso Politólogo Santiago Rodríguez  advierte  que la Ley de Ciudades Comunales vacía a los municipios de sus competencias, creando estructuras paralelas inconstitucionales y un modelo de Estado “comunal” distinto al Estado Democrático y Social de Derecho, previsto en la Constitución.

“Para aprobar una ley así, se debe reformar la Constitución Bolivariana, ya que propone un modelo de Estado “Comunal” paralelo que al final del día, lejos de favorecer la descentralización, concentrará más poder en el Ministerio de la Comunas y en el ejecutivo nacional”, recalcó.

Recordó que la idea de convertir a Venezuela en un Estado Comunal no es nueva.  “En 2007, el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez intentó acelerar esta propuesta a través de una consulta popular, que no tuvo éxito, perdió en un referendo”.

“Pese a ello, Chávez por medio de una Ley Habilitante y con la Asamblea Nacional a su favor logró que se aprobara la Ley Orgánica de las Comunas”. 

A su juicio, no se puede alterar la organización político-territorial de la República suplantando al municipio en el carácter que tiene de unidad política primaria de la organización nacional, con la excusa de la democracia participativa e imponer una nueva forma de Estado sin consultar a los venezolanos a través de un referendo”.

El profesor universitario aseguró que se utiliza de forma populista “la democracia participativa y protagónica”, olvidando que el Estado Constitucional venezolano está basado en el concepto de democracia representativa. Donde la soberanía se ejerce de forma indirecta, por medio del sufragio.

“Esta Ley tiene fallas de técnica legislativa, pues frecuentemente peca de precisión claridad, y concisión. Las disposiciones de esta Ley son omnicomprensivas además de tener controversias con otras leyes orgánicas, por lo cual la junta directiva la debió devolver a sus presentantes.”

Otra de las inconsistencias que el académico de la Universidad de Carabobo indica que presenta el proyecto, es la ausencia de una estimación de los recursos financieros exigidos para la implementación práctica de una Ley como ésta, ya que depende de un clientelismo generado a través de muchos recursos.

Al mismo tiempo, habla de la inseguridad jurídica que generará en los comerciantes y los empresarios dentro del municipio, ya que en las competencias de la ciudad comunal se menciona la coparticipación impositiva para asegurar la autonomía financiera comunal.

“Esto es muy grave, porque hoy los comerciantes de Valencia están asfixiados por la voracidad fiscal, y ahora con esta nueva norma pueden ser víctimas de una doble tributación”.

Rodríguez exhortó al presidente de la Comisión de Comunas de la Asamblea Nacional, diputado Luis José Marcano que cumplan con el Reglamento Interior y de Debates. “Se sabe que la consulta popular de esta Ley se está haciendo a puerta cerrada, sin consultar ni a la sociedad civil ni a otros sectores de la vida nacional”.

“La semana pasada la Comisión Permanente de Comunas inicio la “consulta pública” en Carabobo y la discusión fue entre unos pocos, violándose abiertamente el pluralismo político como principio constitucional. Esta ley está montada sobre una concepción única, de manera que quien no sea socialista está automáticamente discriminado”, advirtió. Prensa Unión y Progreso.