El Observatorio Social Humanitario (OSH) profundizó, este viernes, junto a representantes de las ONG, en las implicaciones que tendría la aprobación de un instrumento como este, en la labor de las organizaciones de derechos humanos y asistencia humanitaria en el país.

Según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional amenaza la atención de venezolanos en estado de vulnerabilidad.

La pretensión de imponer una Ley que criminaliza la acción de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país representa una amenaza a la libertad de asociación, la reducción del espacio cívico, a la vez que agrava las condiciones de operación de las distintas organizaciones que trabajan en la atención de los más vulnerables.

Durante su participación, Marianna Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), aseguró que este tipo de Leyes han sido discutidas e incluso aprobadas en primera discusión en la Asamblea Nacional por parte de actores del chavismo, por lo que no se trata de un instrumento “nuevo”.

Su principal preocupación se centra en los términos tan ambiguos y la discrecionalidad de esta Ley y la arbitrariedad bajo la cual puede ser aplicada, porque a su juicio establece que dependiendo de los intereses que pueda considerar el Ejecutivo generará mayores controles y obstáculos para el desarrollo legítimo de las organizaciones.

“La cooperación internacional es un derecho establecido en la normativa internacional. Más allá de recursos económicos, implica la asistencia técnica y relacionarse con organismos internacionales. El instrumento va en contra de esto porque las organizaciones visibilizan las violaciones a los DDHH y las necesidades humanitarias. Se pretende criminalizar una labor que es plenamente legítima» expresó.

Romero insistió en las consecuencias que esta Ley tendrá en los ciudadanos «cuando se afecta el trabajo de la sociedad, más allá del impacto directo que tiene en las organizaciones, es una violación más a los derechos de las víctimas que ya se encuentran en desprotección. (…) esta amenaza es importante visibilizarla porque las agresiones siguen». En ese sentido, aseguró que en lo que va de año, CDJ ha registrado al menos 98 agresiones este tipo contra organizaciones de la sociedad civil.

Por su parte, Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia calificó el proyecto de Ley como muy confuso por su terminología, y aseguró que tiene falta de coherencia interna para poder hacer una interpretación clara de la norma “pone a la ayuda humanitaria como una de las modalidades de cooperación, como una parte de la ayuda para el desarrollo (…) pero esto es cuando existen elementos de infraestructura y humano que están funcionando en el país. Una emergencia humanitaria implica una inexistencia del Estado donde tiene que prestar servicios fundamentales”.

Sostuvo que en Venezuela hay vacíos del Estado graves en materia humanitaria “la ayuda para el desarrollo no puede ser el género y la ayuda humanitaria la especie, porque son situaciones distintas al igual que sus metodologías de trabajo”.

Daniels alertó sobre cómo esta ley criminaliza la acción humanitaria y la defensa de los derechos humanos, “se pretende la instauración de un registro para las organizaciones para que estas tengan acceso a la cooperación internacional además que ahora cualquier ciudadano puede preguntar por los estatus de las organizaciones, no solo el Estado, y esto es absolutamente arbitrario, es peor que la Providencia contra el terrorismo, porque (…) yo con esto pienso en un colectivo que va a preguntar de dónde sacan el dinero, quiénes los financia, para qué».

Deborah Van Berkel, presidenta de la Red Sinergia, explicó que la Ley busca «controlar recursos económicos, técnicos, de intercambio que puedan realizar de manera autónoma todas las organizaciones de la sociedad venezolana como ONG”.

Detalló que el alcance de esta Ley no solo afecta a las ONG, sino que también medios de comunicación, universidades, organizaciones religiosas y de atención social de iglesias, centros académicos, organizaciones que trabajan con formación política, y redes de organizaciones de base comunitarias que no están registradas formalmente pero que actúan en trabajo social verán limitadas sus funciones de llegarse a aprobar.

«De ser aprobado no es un proyecto más, esto va a generar la consolidación de un sistema político hegemónico, autoritario, que generará muchísimas más dificultades para que Venezuela pueda iniciar un proceso de recuperación y reinstitucionalización hacia la democracia. Más bien va a revertir ese escenario para el futuro de Venezuela. Estamos encarando una limitación para el desarrollo y la atención de necesidades urgentes» insistió Van Berkel.

Enfatizó en que todos los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil deben dirigirse a impedir que la Ley de Cooperación Internacional sea aprobada.