Este lunes 9 de mayo varias Organizaciones no Gubernamentales consignaron junto a la sociedad civil una denuncia ante la Defensoría del Pueblo para exigir a Corpoelec atención inmediata, ante los continuos y prolongados racionamientos eléctricos que mantienen en zozobra a la comunidad merideña.

El abogado Ivan Toro, miembro del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, señaló que en la denuncia consignada ante el organismo competente se deja constancia sobre las severas limitaciones y el detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos que pasan muchas horas sin servicio eléctrico, afectando además los horarios laborales.

En la entidad andina la situación de los servicios públicos ha empeorado en los últimos meses, sobretodo en el suministro de servicio eléctrico se refiere, ya que los continuados apagones y la falta de respuesta por parte de los organismos competentes representa una violación de los derechos humanos.