Para este 10 de marzo de 2022, se esperaban las conclusiones en el caso de Walter Mayorga y Marller González, detenidos arbitrariamente en 2016, tras ser acusados de ser los autores del homicidio de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana durante las protestas del año 2014, aun cuando no hay testigos ni pruebas en su contra. Sin embargo, la conclusión del caso no fue posible, pues la fiscal Lupe del Carmen Fernández Rodríguez, ejerció un recurso de revocación, que la juez acordó, para presentar número de contacto de un experto en análisis de trazas de disparos (ATD) ubicado en el Estado Nueva Esparta.

Según indicó el Abogado Iván Toro, coordinador del departamento legal del ODH-ULA, esto ocurrió a pesar de que en la audiencia anterior ya se habían depurado testigos y expertos, y en vista de que las diligencias para ubicar un experto en ATD ya habían sido agotadas sin que pudiera ubicarse uno, esa misma fiscal que ahora ejerció el recurso de revocación, expresó en aquel momento su decisión de descartar esa experticia.

Cabe destacar que la fiscal Lupe del Carmen Fernández Rodríguez es la misma que mantuvo privado de libertad a Erickvaldo Márquez Moreno en un juicio de características similares al de Walter Mayorga y Marller González. En el caso de Erickvaldo, la práctica dilatoria utilizada por esa fiscal fue la interposición del recurso de efecto suspensivo, aun cuando el tribunal había decretado una sentencia absolutoria porque no había pruebas incriminatorias en su contra.

La actuación de la fiscal Lupe del Carmen Fernández Rodríguez es un patrón dilatorio usado por el Ministerio Público en los casos políticos o de «guarimba», y revela la falta de independencia fiscal tal como lo reseñara el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela del año 2021. Boletín Andino DDHH / ODH- ULA.