Tres jóvenes llevan más de cinco años presos en Mérida acusados de asesinatos cometidos en las protestas sociales de 2014, sin que haya ninguna prueba criminalística que los inculpe.

Steven García, Marller González y Walter Mayorga son víctimas de patrones del régimen para detener y enjuiciar a quienes señalan de haber participado en manifestaciones antigubernamentales.

En los tres casos se repiten características que constituyen patrones: los acusados son hombres muy jóvenes, señalados de participar en las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

Testigos anónimos los acusan de asesinato, pero no hay evidencias físicas que los involucren en esos hechos. Sus juicios han estado plagados de irregularidades y se han dilatado por negligencia del sistema judicial venezolano.

Estos casos y otros similares, como los de Erickvaldo Márquez y Daniel Parra, quienes fueron liberados en junio y septiembre de este año, respectivamente, son llamados por funcionarios del sistema de justicia como “casos guarimba”, sustantivo utilizado por el régimen para descalificar las legítimas protestas antigubernamentales ocurridas en 2014 y 2017.

La protesta como etiquetaUno de los patrones que se repite en estos tres casos es el señalamiento de participación de los acusados en las protestas sociales contra el régimen ocurridas en 2014.

En el caso de Steven García, su expediente tiene un acta de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) donde hacen mención recurrente sobre la participación de este joven en las manifestaciones realizadas en el sector El Rodeo, asegurando que él, junto a otros vecinos de la zona, las lideraba.

En los casos de Marller González y Walter Mayorga, los acusan del asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ocurrido en el sector El Campito de la ciudad de Mérida, otro de los focos de mayor intensidad de las protestas sociales de 2014.

González trabajaba como mototaxista y no participaba en manifestaciones. Asegura que se encontraba ese día cerca del lugar del homicidio porque iba a buscar a su hermano. Mientras lo esperaba, un disparo lo alcanzó y tuvo que ser trasladado al hospital.

Fue detenido el 5 de julio de 2016.Mayorga, por su parte, asegura que ni siquiera sabe dónde queda el edificio desde donde un testigo anónimo asegura que le dispararon al funcionario de la GNB.

No vive en esa zona ni participaba en las protestas donde ocurrió el asesinato. Sin embargo, la participación en manifestaciones sociales no es un delito en Venezuela.

La protesta pacífica es un derecho consagrado en la Constitución nacional, pero este régimen la ha convertido en una etiqueta para castigar a quienes lo adversan. Este joven fue detenido el 21 de enero de 2016, cinco días antes que Steven García.Leer más: Steven García: más de cinco años de injusta prisión

Testigos anónimos injustificados

Otra característica común en los casos referidos es que las únicas pruebas para acusar a los detenidos son los relatos de testigos anónimos.

Si bien en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales, sancionada en 2006 y reformada en agosto de este 2021, se incluye el anonimato como una modalidad de protección para aquellos testigos cuyas declaraciones pueden poner en riesgo su seguridad o la de sus allegados, en los casos aquí citados no se cumplió el procedimiento establecido en esa ley.

En ninguno de los tres casos los testimonios de testigos anónimos coinciden con lo encontrado en las pruebas físicas de rigor. En el apartamento desde donde un denominado “Testigo 7” asegura que vio a dos personas disparando a la zona donde muere el referido GNB, funcionarios del CICPC asignados para el caso no hallaron ninguna evidencia de interés criminalístico, menos aún pruebas que constaten la presencia de Marller González ni Walter Mayorga en esa vivienda, donde viven dos personas de la tercera edad.

En el caso de Steven García, acusado por el propio Diosdado Cabello de asesinar a la docente chilena Gisella Rubilar, el expediente no contiene ninguna prueba que lo involucre en ese homicidio. “Se basan en lo que dijo un testigo, pero al testigo no lo identifican.

En el expediente hay unas actas en contra de personas que lideraban las protestas, incluso mencionan sus nombres.

También está el acta de los funcionarios del Cicpc y mencionan que él participaba en las protestas y dirigía las protestas en El Rodeo, formando parte de grupos de choque”, detalla Iván Toro, coordinador del equipo jurídico del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA).

Juicios prolongados por negligencia

Los jóvenes detenidos se han enfrentado no solo a acusaciones anónimas y sin pruebas, sino a la negligencia del sistema judicial del régimen, teniendo incluso más de cinco años en prisión y apenas menos de un año en juicio.

Los tres fueron detenidos en 2016, dos años después de las protestas donde ocurrieron los asesinatos por los que los acusan.Varias audiencias de estos tres casos han sido diferidas por razones inconcebibles, como el no traslado de los acusados al Circuito Judicial Penal, en ocasiones por falta de gasolina o de transporte.

La ausencia de alguna de las partes ha sido otra constante, debido a que las mismas no son notificadas oportunamente sobre las fechas de las audiencias.

A propósito de la visita oficial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a Venezuela, el ODH-ULA considera oportuno visibilizar estos casos que reflejan patrones de actuación del régimen en contra de quienes se le oponen, evidenciando además las violaciones de derechos humanos que el sistema de justicia venezolano comete contra quienes están privados de libertad, sin que existan pruebas de los delitos que les imputan. Prensa ODH ULA