Personal de salud del estado Táchira sin recursos ni insumos para realizarse análisis por sintomatología de covid-19

El 26 de agosto de 2020, Rubén Cáceres, enfermero del Hospital Central de San Cristóbal, denunció que al menos 20 licenciados en enfermería presentan sintomatología de covid-19 y que no han recibido la atención necesaria[1].

Según Cáceres al personal de salud que requiere realizarse las pruebas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR), los envían de un centro asistencial a otro, sin poderla realizar[2]. También denuncia que en los centros asistenciales no disponen ni siquiera de los reactivos necesarios para realizarles exámenes de sangre[3].

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) le recuerda al doctor Carlos Alvarado, ministro de salud que es deber del Estado proporcionar sin discriminación los insumos, reactivos y pruebas necesarias a los ciudadanos, además que debe darse prioridad al personal de salud con sintomatología de covid-19.

El ODH-ULA ha denunciado en reiteradas ocasiones que la gobernación y La Corporación de Salud del estado Táchira (Corposalud) no reciben los recursos necesarios para atender la emergencia de la pandemia en la entidad ya que los recursos son enviados al protectorado, entidad paralela impuesta por Nicolás Maduro.

En la ULA han ocurrido 30 hurtos durante la cuarentena por el covid-19

El 22 de agosto de 2020, las cerraduras de los salones 7 y 8 de la Facultad de Medina de la Universidad de Los Andes (ULA), estado Mérida[4], fueron hurtadas.

El 25 de agosto de 2020, nuevamente delincuentes ingresaron a la Facultad de Medicina y hurtaron cerraduras y cadena de portón recién instalado en esa facultad[5].

Desde enero a agosto de 2020, han ocurrido 39 incidentes de hurtos y robos en distintas dependencias universitarias de la ULA, de las cuales 30 han ocurrido durante la cuarentena por el covid-19[6].

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA) ve con suma preocupación esta situación que afecta negativamente las infraestructuras universitarias sin posibilidad de reposición o reparación debido a la asfixia presupuestaria a la que están sometidas las universidades públicas.

Militares apuntan a civiles durante colas para surtir combustible en la región andina

El 24 de agosto de 2020, durante una protesta en la estación de servicio de la avenida 16 de septiembre, municipio Libertador, estado Mérida, una funcionaria del Ejército accionó un arma larga y apuntó al aire cuando se percató de que personas grababan los hechos[7].

Por otra parte, el 25 de agosto de 2020, productores del estado Mérida denunciaron que solo les surten 50 litros de combustible, cantidad insuficiente para trasladar la producción a otros estados[8].

El 26 de agosto de 2020, pacientes renales del estado Trujillo denunciaron que desde el mes de junio de 2020, no reciben trato preferencial en las estaciones de servicio para surtir combustible[9].

Del 24 al 28 de agosto de 2020, se produjeron al menos 5 protestas en los municipios Valera, Boconó[10] y Trujillo[11], estado Trujillo de conductores para exigir venta de combustible. El 28 de agosto, efectivos de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Trujillo (Fapet) disolvieron la protesta de conductores de manera violenta, en la estación de servicio Las Araujas, municipio Trujillo[12].

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) exige al General de División (G/D) Giancarlo Gabriel Delfino López y al (G/D) General de División Danny Ferrer Sandrea, comandantes de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de los estados Trujillo y Mérida, en su condición de entes encargados de decidir la distribución de combustible,  implementar mecanismos que aseguren que los ciudadanos puedan acceder al combustible durante la cuarentena por la pandemia por el covid-19 sin sufrir riesgos o amenazas a su integridad física.

Aumentan las fallas del servicio eléctrico y la escasez de gas doméstico

Gas doméstico
En el estado Táchira, el 24 de agosto de 2020, ciudadanos del sector Santa Elena, municipio San Cristóbal, denunciaron que luego de esperar 9 meses para que les vendieran cilindros de gas doméstico, estos vinieron llenos de agua[13]. Al menos 20 familias fueron las afectadas con cilindros mezclados de gas licuado y agua, quienes exigen a la empresa Pdvsa gas les sean cambiados los cilindros[14].

En el estado Mérida, en el sector Santa Catalina, municipio Libertador y en el municipio Tovar, ciudadanos denuncian que desde el mes de junio no les surten gas doméstico[15].

Servicio eléctrico
En el estado Mérida del 24 al 28 de agosto de 2020, ciudadanos han denunciado el aumento de los cortes del servicio eléctrico, de 16 a 18 horas diarias en varios cortes en distintos sectores de la ciudad[16].

El 25 de agosto de 2020, José Luis Suárez, habitante del sector Santa Elena, municipio San Cristóbal, estado Táchira, denunció que desde hace más de un año en la zona los cortes del servicio eléctrico son hasta por 20 horas[17]

Del 27 al 28 de agosto de 2020, en el estado Táchira ocurrieron dos apagones que afectaron a todo el estado[18]

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) hace un llamado a Freddy Brito, ministro de energía eléctrica y a Asdrúbal Chávez, presidente de la empresa estatal Pdvsa, para que den soluciones efectivas ante las fallas continuas y prolongadas del servicio eléctrico y la escasez del gas doméstico en la región andina. Durante la pandemia por el covid-19 es deber del Estado asegurar servicios de calidad a los ciudadanos.

Disponible en https://mailchi.mp/f86083c4b3d7/boletn-andino-de-derechos-humanos-n-59