Miguel Parra está convencido de que sólo una campaña de vacunación masiva, combinada con una profundización en la información y la concienciación ciudadana, puede contrarrestar la posibilidad real de un desbordamiento incontrolable de la pandemia COVID-19 en Venezuela.

El secretario general nacional de Unión y Progreso señaló que la pandemia del COVID-19 se instaló desde el año pasado en Venezuela, en un país afectado por una crisis económica y social, con carácter endémico.

Publicitariamente, el Gobierno Nacional, hizo alarde de su estrategia para enfrentar la pandemia, mediante la comparación de lo sucedido en otras naciones del orbe, con la poca incidencia de casos en Venezuela. Una realidad aparente, habida cuenta de que desde los inicios de este evento en nuestro país, la escasez de las llamadas pruebas rápidas y de las pruebas confirmatorias, ha sido una constante, lo cual se traduce en un subregistro de casos, acumulativo y creciente, mayor a partir del segundo trimestre del año 2020.

En la actualidad, la saturación de las instituciones de salud, públicas y privadas, con casos de COVID-19, contrasta con los reportes diarios oficiales, según los cuales la cantidad de nuevos casos por día, en el territorio nacional, oscila alrededor de 500.

El dirigente político sostiene que estamos padeciendo una importante oleada de casos, producto de las erráticas políticas oficiales, como fue la flexibilización ampliada en  carnaval, cuando insólitamente se permitió el desplazamiento y la aglomeración masiva de personas en playas, clubes y condominios vacacionales.

En su opinión, el actual aumento explosivo de casos es el resultado de la relajación de las normas preventivas por parte del Ejecutivo Nacional, antes que a la mayor transmisibilidad atribuida a la recientemente publicitada cepa brasileña, la cual ya se ha identificado en algunos casos en Venezuela.

“Estamos frente a una situación alarmante, la capacidad del sistema asistencial nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas quienes, afectadas por la enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso”.

Parra apuntó que por ello estima que la vacunación masiva es una necesidad urgente. Sugirió que el gobierno nacional propicie la mayor cooperación posible para lograr ese objetivo.

Recomendó algunas medidas con carácter prioritario:

  • Acelerar y profundizar la inmunización del personal de salud: médico, de enfermería, técnico y administrativo.
  • Vacunar masivamente al personal docente y a los estudiantes, con edades de 18 años o más (los estudios se han realizado en este tipo de población).
  • Priorizar a la población de mayor riesgo: adultos mayores, pacientes con diabetes, con enfermedad crónica pulmonar, entre otros.
  • Levantar una base de datos, con los trabajadores de las empresas públicas y privadas y canalizar la campaña de vacunación a través de las mismas.
  • Certificar y autorizar a los centros de salud privados, capacitados, para la realización y reporte de las pruebas confirmatorias PCR, en coordinación con las autoridades de salud, para potenciar las capacidades diagnósticas del sistema nacional de salud.
  • Permitir que, con la buena pro y la colaboración del Estado, centros privados de salud y compañías privadas, puedan comprar lotes de vacunas aprobadas, para la vacunación de su personal y los familiares del mismo.
  • Programar una jornada intensiva de vacunación masiva, teniendo como base los centros electorales y sus respectivos padrones electorales, para habilitarlos como centros de vacunación en la respectiva campaña.

En diciembre del año 2019, se desata, en la Ciudad China Wuhan, una epidemia que sería el inicio de un hito histórico para la humanidad: la pandemia COVID-19. Entre enero de 2020 y marzo del mismo año, los casos reportados de la enfermedad causada por el virus SARS COV-2, pasaron de 555 a 782.365, afectando a más de 100 países.

El ascenso exponencial en el número de casos, trajo consigo la saturación y posterior desborde de las capacidades de asistencia sanitaria, en varios países de Europa, algunas ciudades de Norte América y en otros tantos países de América Latina. 

La detección de los primeros casos en Venezuela, reportados el 13 de marzo de 2020, motivó que el Gobierno Nacional decretara una cuarentena radical, bajo el lema mundialmente generalizado de “Quédate en Casa”; una acción que sin duda, contribuyó a que la curva acumulativa de casos no tuviese una pendiente muy empinada.

Tal acción, en dicho momento, se adopta en una nación sumida en una profunda crisis económica, azotada por la hiperinflación y el desempleo, por el decrecimiento económico sostenido, por el deterioro marcado de los servicios públicos, por el paro profundo de la actividad productiva y comercial. En el año 2019, el decrecimiento económico, fue de -25 % del PIB.

En consecuencia, la percepción de las consecuencias de la  cuarentena radical sobre la actividad económica, se encontró mitigada, debido a que desde hacía varios años, cada vez más negocios habían cerrado sus puertas, un número creciente de empleados públicos no asistía a sus trabajos o lo hacía escalonadamente, con horario restringido, motivado por la crisis en el transporte público terrestre, la escases de efectivo, el colapso en el transporte subterráneo, la crisis de la energía eléctrica.

En fin, la pandemia del COVID-19 se instalaba en un país afectado por una crisis económica y social, con carácter endémico. Ello, junto con el comprensible shock emocional ante la incertidumbre, más la esperanza, siempre presente, de una resolución a corto plazo de la pandemia, fue el determinante fundamental, -antes que una conducta consciente y voluntaria- de la aceptación, a modo de resignación, del confinamiento prolongado, el cual permitió mantener la curva acumulativa de casos relativamente aplanada y por lo tanto, el no desbordamiento de las capacidades del sistema de asistencia sanitario nacional, estructuralmente afectado por la escases de recursos, la deserción y migración significativa de profesionales y técnicos con alta capacitación y el deterioro creciente de la planta física.

Publicitariamente, el Gobierno Nacional, hizo alarde de su estrategia para enfrentar la pandemia, mediante la comparación de lo sucedido en otras naciones del orbe, con la “poca incidencia” de casos en Venezuela; una realidad aparente, habida cuenta de que desde los inicios de dicho evento en nuestro país, la escases de las llamadas pruebas rápidas y de las pruebas confirmatorias, denominadas PCR (reacción en cadena de polimerasas)ha sido una constante, lo cual se traduce en un subregistro de casos, acumulativo y creciente, mayor a partir del segundo trimestre del año 2020.

En la actualidad, la saturación de las instituciones de salud, públicas y privadas, con casos de COVID-19, contrasta con los reportes diarios oficiales, según los cuales la cantidad de nuevos casos por día, en el territorio nacional, oscila alrededor de 500. Estamos padeciendo una importante oleada de casos, producto de las erráticas políticas oficiales, como fue la “flexibilización ampliada” en las pasadas fechas festivas de carnaval, cuando insólitamente se permitió el desplazamiento y la aglomeración masiva de personas en playas, clubes y condominios vacacionales.

El actual aumento explosivo de casos es el resultado de la relajación de las normas preventivas por parte del Ejecutivo Nacional, antes que a la mayor transmisibilidad atribuida a la recientemente publicitada “cepa brasileña” (variante P1) la cual ya se ha identificado en algunos casos en Venezuela. 

Estamos frente a una situación alarmante, la capacidad del sistema asistencial nacional se está saturando. Cada día proliferan las personas quienes, afectadas por la enfermedad, deben resignarse a quedarse en sus hogares, con todos los riesgos del caso. Por ello, la vacunación masiva es una necesidad urgente. El Gobierno Nacional debe propiciar la mayor cooperación posible para lograr ese objetivo. Son necesarias algunas medidas con carácter prioritario:

  • Acelerar y profundizar la inmunización del personal de salud: médico, de enfermería, técnico y administrativo.
  • Vacunar masivamente al personal docente y a los estudiantes, con edades de 18 años o más (los estudios se han realizado en este tipo de población).
  • Priorizar a la población de mayor riesgo: adultos mayores, pacientes con diabetes, con enfermedad crónica pulmonar, entre otros. 
  • Levantar una base de datos, con los trabajadores de las empresas públicas y privadas y canalizar la campaña de vacunación a través de las mismas. 
  • Certificar y autorizar a los centros de salud privados, capacitados, para la realización y reporte de las pruebas confirmatorias PCR, en coordinación con las autoridades de salud, para potenciar las capacidades diagnósticas del sistema nacional de salud.
  • Permitir que, con la buena pro y la colaboración del Estado, centros privados de salud y compañías privadas, puedan comprar lotes de vacunas aprobadas, para la vacunación de su personal y los familiares del mismo.
  • Programar una jornada intensiva de vacunación masiva, teniendo como base los centros electorales y sus respectivos padrones electorales, para habilitarlos como centros de vacunación en la respectiva campaña.  

Sólo una campaña de vacunación masiva, combinada con una profundización en la información y la concientización, puede contrarrestar la posibilidad real de un desbordamiento incontrolable de la pandemia COVID-19 en Venezuela. 

Por la Dirección Nacional

Enrique Fermín 

Miguel Antonio Parra Giménez