A casi 11 meses del primer caso notificado de COVID-19 en Venezuela, el pueblo siente cada día más el desamparo del estado como administrador del poder y los recursos.

En la voz del dirigente político de Voluntad Popular Mérida Joan Manuel Gómez independientemente de la usurpación que el régimen mantiene en el ejecutivo, es hoy por hoy el responsable de la administración de la salud pública en el país, situación que mantiene en un jaque a los afectados por el virus SARS-CoV-2 quienes ven en las listas de medicamentos que se les recetan en las consultas de triajes respiratorios una fortuna que no se gana en un empleo público o representa el trabajo de un mes de un servicio privado, entendiendo que los mismos no son garantizados por el estado, peor aún si por efectos de su cuadro clínico requiere ser hospitalizado el periplo se traspasa a sus familiares quienes deben apelar a cadenas de Redes Sociales y a la beneficencia pública para poder conseguir el total de los fármacos solicitados.

En ese sentido es utópico pensar que un Hospital Público pueda cubrir los tratamientos de los infectados por el virus, quedando sólo la gratuidad de pedir con fervor al Santo Dr. José Gregorio Hernández.

Con respecto a las afirmaciones del también bioanalista y sanitarista sobre la cobertura terapéutica de los afectados por la COVID-19, surge la duda sobre las declaraciones de voceros oficiales y encargados de centros de salud quienes aseguran que “los tratamientos llegan y son suficientes”, recordando que en diversas oportunidades las afirmaciones expusieron que todo estaba cubierto y que los mismos llegan según un censo, por ello se le preguntó a Gómez que opina al respecto.

“En Venezuela ha existido por años los programas de salud, contenidos programáticos y organizacionales que desde las administraciones sanitarias federales permitía a través de un censo garantizar la fármacoterapéutica de dichas patologías, como la diabetes o la anomalías tiroideas, sin embargo vemos que desde hace años eso no da abasto, si el estado requiere 5.000 dosis de insulina mensual tan sólo llegan 1.500 o cuando mucho 2.000 e incluso bimensual, por otro lado con respecto a la atención de enfermedad infecciosas de interés sanitario y notificación obligatoria se garantizaban las tratamientos, las dosificaciones y los antisueros en los casos de los envenenamientos y vemos como tampoco sé es suficiente los antídotos ni los tratamientos como el de la Malaria; bueno en base a esto podemos solo extrapolar la realidad ante una patología como la COVID-19 en la cual día a día y mes a mes se resuelve mundialmente que un medicamento ya no es efectivo y que el indicado es otro, peor aún cuando el trabajo es centralizado y es Caracas quien maneja este despacho, sumado a la falta de producción de medicamentos en el país, con lo cual al final deducimos que los viacrucis de los familiares y pacientes en las áreas COVID-19 y los Triajes Respiratorios no es un rumor, es una realidad de la cual esperamos no seamos muchos los que tengamos que vivirla” dijo Gómez.

Entendiendo lo argumentado es trascendental juzgar la participación de los entes descentralizados quienes también son corresponsales de garantizar la salud, fundamentalmente en el estado Mérida a lo cual el Licenciado Joan Manuel afirmó: “la Constitución garantiza la descentralización y en base a ello las Gobernaciones y las Alcaldías tiene su responsabilidad pero también es importante recordar la centralización manejada por el régimen y las continuas violaciones de la constitución lo cual hace que los recursos y la responsabilidad de las dependencias quedan sujetas a que el que hoy usurpa el ejecutivo le quiera dejar trabajar o le envíe apoyo monetario para que pueda responder en su región o localidad, si no se cree véase la Salud en Mérida a quienes les quitaron la mitad de las instituciones, aperturaron un nuevo centro hospitalario y no lo entregaron al estado sino lo centralizaron, les han ido quitando responsabilidades como el control de la Pandemia como sus pruebas, medicamentos e información, siendo estos puntos lo que exime a quienes sin recursos han tratado de reforzar el sistema de salud, pero que al final sino se cesa la usurpación y se devuelven las competencias a las regiones el daño en materia de salud va a ser peor ya que en los últimos años vivimos de la caridad de las ONG y de la ayuda Humanitaria gestionada por la presidencia interina e ingresada por los organismos autorizados como la OPS y la Cruz Roja quienes en verdad son los que le responden al pueblo Venezolano”.

Al finalizar se dejó conocer que la exigencia no representa reconocimiento inmediato entendiendo que al contrario en palabras del Bioanalista-Sanitarista el exponer las debilidades desnuda la incapacidad y la indolencia de quienes usurpan el poder ejecutivo ratificando el hecho de luchar por la libertad para rescatar la gobernabilidad y así aperturar francamente el canal humanitario para poder paliar la urgencia y dedicarle el tiempo y los recursos a la complejidad que vivimos día a día, solo así se podrá darle la cara a la COVID-19 y las demás epidemias, no basta la convivencia, debemos salir de la dictadura.