Daniel García, presidente del PMI manifestó que el magisterio venezolano considerado uno de los gremios más importante y numeroso del país es sometido a la indigencia y la exclavitud.

En la última década se ha disminuido los salarios y los beneficios de ley. Quienes cumplieron 25 o 30 años de servicio que tuvieron la oportunidad de jubilarse recibieron sus prestaciones sociales por montos irrisorios, vergonzosos y humillantes.

Ante esta realidad debe iniciarse una lucha reinvindicativa ante el asalto del estado venezolano a la carrera docente que líquido y redujo a nada el beneficio correspondiente a toda una vida de trabajo.

Y quienes decididos pretenden su retiro en estos tiempos reciben la noticia arbitraria que están suspendidas las jubilaciones y que el gobierno debe obligar a los docentes a mantenerse en sus lugares de trabajo porque no hay maestros y no existe interés de la gente en cubrir vacantes o desarrollarse en la carrera docente porque en este país, tan noble carrera, es sinónimo de hambre, miseria, esclavismo laboral y politización del ejercicio de la profesión.

El hostigamiento y las condiciones precarias del educador llegaron a los límites inimaginables donde el salario de un mes no alcanza para comprar un kilo de aguacate o un kg de queso.

El movimiento magisterial debe plantarse y negarse a reanudar labores hasta que el salario , los beneficios y los cálculos de sus prestaciones no se dignifiquen y sean restituidos todos los derechos que el socialismo depravado a confiscado miles de docentes. Ni los egresados de las misiones que adoctrinados aceptaban condiciones infrahumanas para la laboral, en defensa de aquello que llamaban revolución, prefieren el buhonerismo o cualquier otro oficio antes de entrar en el círculo vicioso del engaño del régimen socialista.

La educación en Venezuela fue desmantelada por el populismo y la degradación del sistema en todos sus niveles. Escuelas, liceos, universidades desmanteladas y en manos del hampa común y la indolencia de un régimen y sus deterioradas y secuestradas instituciones que le sirven a la política del control social y la destrucción y desmantelamiento del estado.

Toda la administración pública debe mantenerse de brazos caídos hasta que no se garanticen salarios dignos.