Por: Héctor Azuaje Mendoza…(*)

Venezuela desde el punto de vista climático tiene dos estaciones o periodos al año: regularmente la sequía comprende los meses de noviembre a abril, y las lluvias de mayo a finales de octubre; cuestión que por las alteraciones meteorológicas derivadas de fenómenos como «El Niño» o «La Niña» suele variar en razón de la altitud y la latitud del territorio venezolano.

Históricamente las lluvias son, en términos de fenómenos naturales, las que más han provocado desastres en áreas urbanizadas de nuestro estado Mérida y el país en general. Lo que se explica por el crecimiento desordenado de pueblos y ciudades cerca de cauces principales activos o extintos, abanicos aluviales y conos de deyección, como sirven de ejemplos los casos de las tragedias de El Limón en 1987 y 2020, Vargas en 1999, el Mocotíes en 2005 y 2021, Las Tejerías en el mes de octubre del año en curso, y la zona Panamericana, donde todavía se hace difícil medir la magnitud de los daños por las lluvias de este año.

La planificación urbana, así como el mantenimiento de la infraestructura vial y de servicios de nuestro estado es una competencia fundamental del ministerio con responsabilidad en esta materia, además de la gobernación y las alcaldías.

Sin duda alguna el país arrastra más de tres décadas de un desarrollo irregular de estas competencias y funciones, derivado de la ineficiencia, el clientelismo, la partidización de la administración pública y principalmente de la corrupción.

Ahora bien, luego de 23 años de gobiernos mayoritariamente chavistas, sería irrespetuoso que los jefes del Estado-partido-gobierno busquen culpables en el pasado democrático del país, o procuren evadir responsabilidades señalando a las sanciones que desde el año 2019 se han dictado sobre individualidades o las instituciones que han sido el sostén del esquema de corrupción que propicio el que sin duda alguna es el más grande latrocinio de nuestra historia republicana durante las últimas dos décadas.

El ejercicio de la gestión pública no solo se trata de repartir el botín que representa el erario público, cargos y oficinas a los miembros de un partido. La infraestructura vital del país, representada en el estado Mérida en parte por la carretera Trasandina, la autopista Rafael Caldera, la carretera Panamericana, la red de acueductos urbanos y rurales administrados por la empresa regional Aguas de Mérida y las alcaldías, requiere un mantenimiento permanente para mitigar los efectos del clima que se manifiestan a través de cambios drásticos de temperatura todos los días, deslizamientos de tierra por saturación de agua en zonas con corteza vegetal deteriorada, desbordamiento de ríos, entre otros.

El problema fundamental de nuestro estado Mérida es que la mayor parte de la inversión que ha debido ser destinada para tal fin, ha ido a parar a las cuentas personales de los jerarcas, comisarios políticos y militares del chavismo, de manera que mientras tienen más camionetas de alta gama valoradas en miles de dólares, menos puentes quedan en pie, y menos vías asfaltadas sobreviven a las lluvias; o, mientras más lujosas son las quintas y apartamentos donde viven, menos familias tienen acceso a agua potable por la destrucción de acueductos, como en el caso de la ciudad de El Vigía.

Gestionar una crisis como la que está viviendo Mérida, con afectación de parte importante de la infraestructura vial y de servicios públicos, requiere de una inversión mil millonaria de recursos (por lo menos el 1% de todo los robado en 23 años), pero sobre todo del trabajo de personal calificado, a decir de Ingenieros, arquitectos, expertos en planificación e interlocutores capacitados para establecer una comunicación efectiva con las comunidades afectadas, para la solución de los problemas derivados de las lluvias.

De lo contrario la tragedia se convertirá en el gran negocio de los contratistas que se han enriquecido con el chavismo, y que al final no cumplen con las tareas primordiales para arreglar las carreteras y además evitar que un nuevo periodo de lluvias comprometa las comunicaciones terrestres de los 23 municipios de Mérida, quedando nuevamente incomunicados y aislados del resto del país.

El colapso vial como consecuencia de las lluvias pone en riesgo no solo el intercambio económico desde el centro del país hacia Mérida, sino que compromete la salida de los rubros agrícolas y pecuarios que salen desde los pueblos del sur, la Panamericana y el Mocotíes hacia otros estados, dado el casi total aislamiento de poblaciones de los municipios Antonio Pinto Salinas, Arzobispo Chacón, Obispo Ramos, Caracciolo Parra, Tulio Febres Cordero, Justo Briceño y Julio César Salas.Aunado a eso, ante la ineficiencia del gobierno, la gente organizada, con sus propias herramientas, esfuerzo físico y materiales rudimentarios, se ha visto obligada a dar soluciones a la obstrucción de puentes y carreteras.

Si entonces los que desgobiernan a Mérida, desde el jefe de gobierno regional hasta los alcaldes del Psuv, no son capaces ni de cumplir sus responsabilidades mínimas en materia de gestión pública, entonces que renuncien y permitan que los merideños con convicciones democráticas solucionemos los principales problemas que hoy nos aquejan.

Coordinador Regional de Organización de Voluntad Popular Mérida (*)