Debido al deterioro significativo ocasionado por los incidentes de inseguridad, la asfixia presupuestaria y la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, la Universidad de Los Andes (ULA) actualmente no está en condiciones para el desarrollo efectivo de las actividades, ante un posible reinicio de clases semipresenciales.

Angélica Ángel, coordinadora de la Federación de Estudiantes Universitario por los Derechos Humanos (FEDEHU) en la región andina, declaró para Aula Abierta que la ULA está funcionando con menos del 5% del presupuesto de mantenimiento, lo cual no permite hacer una gestión adecuada, tanto de la planta física como de los recursos humanos.

“Tenemos un déficit de más del 80% de los cuerpos de vigilancia y además unos salarios para nada atractivos que no permite abrir un concurso para nuevos vigilantes ya que nadie se va a postular.

Cada planta física, cada facultad tiene aproximadamente de dos a cinco vigilantes, facultades que en circunstancias normales deberían tener más de 15 vigilantes”, expresó Ángel.

La delincuencia y la inseguridad están vulnerando el derecho a recibir una educación de calidad y viola los principios de la libertad académica.

“Cuando visitamos las facultades, la última que tuvimos la oportunidad de visitar que fue la facultad de Arquitectura y Diseño, vemos como se le niega, se le restringe muchas capacidades a los estudiantes, debido a estos hurtos, por ejemplo, la facultad de Arquitectura y Diseño fue hurtado un depósito donde se guardan todos los materiales donde se guardan las maquetas, mapas, dimensiones (…), se llevaron incluso hasta el techo”, manifestó Angélica Ángel.

Hasta el 30 de septiembre del año en curso, Aula Abierta registro al menos 83 incidentes de inseguridad en la Universidad de Los Andes desde el inicio del aislamiento social por la COVID-19. La FEDEHU presentó un documento a las autoridades universitarias y entes gubernamentales donde se visualiza la situación de cada facultad con respecto al área de estudio y conocimiento. “Como bien lo dice el artículo 7 de la ley de universidades, el Estado también tiene la responsabilidad de vigilar el entorno, de vigilar el recinto universitario para evitar este tipo de actos que se están cometiendo hoy en la Universidad de Los Andes y que vulneran y violan directamente nuestro derecho a la educación de calidad y vemos con preocupación un regreso a clases”, dijo Angélica Ángel.

No se garantiza el desarrollo efectivo de las actividades en la ULA La activista de derechos humano denunció que “el estado de las instalaciones de la ULA no le garantizan ni a los docentes ni a los estudiantes, ni siquiera a los vigilantes, porque los vigilantes no tienen ni una linterna con la cual recorrer las instalaciones en la noche para garantizar su seguridad, desarrollar sus actividades de manera efectiva”, dijo Ángel.

Expresó que existe el deseo de volver a la casa de estudios, sin embargo, los universitarios denuncian que no hay garantías para el desarrollo óptimo de las clases semipresenciales debido a todas las limitantes que existen dentro de las instalaciones.

Ángel también denunció la presencia de indigentes dentro del campus universitario.

“Esto pasa, específicamente en el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez del Táchira donde (…) ocurrió un incendio por las quemas constantes de estas personas que residen en el núcleo universitario y no solo la invasión al recinto universitario, sino también la delincuencia que acompaña a esta invasión”, señaló la coordinadora de la FEDEHU Andes.

La representante estudiantil comentó que los edificios cercanos a las invasiones dentro de las instalaciones han sido desvalijados, e incluso se llevaron parte de los ascensores. Prensa Aula Abierta.