Representantes de 15 organizaciones no gubernamentales consignaron este martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, demandas ante el Ministerio Público, el Consejo Legislativo estadal (CLEBM) y la Gobernación de Mérida. Las exigencias se basan en los deberes que tiene el Estado con las mujeres, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la legislación nacional y en tratados internacionales suscritos por el país.

La Comisión de la Universidad de Los Andes contra la Violencia de Género (ULA Mujer), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), Epikeia, la Red Mérida Feminista, la Liga Merideña contra el VIH, Juventud Preventiva, el Centro de Justicia y Paz, el Movimiento SOMOS, el Centro LGTBIQ+ de Mérida, Cátedra de la Paz, Transparencia Venezuela, el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, la Asociación Civil Emyca y el Foro Permanente de Juventudes fueron las organizaciones que firmaron los tres documentos con las demandas exigidas a cada uno de los entes gubernamentales visitados.

Representantes de 15 organizaciones defensoras de derechos humanos protestaron hoy en Mérida por la falta de garantías del Estado venezolano para la protección de las mujeres. Foto: cortesía Katherine Barrera.

Además de consignar dichas exigencias, representantes de las referidas organizaciones y miembros de la sociedad civil se manifestaron con pancartas y consignas contentivas de datos e información sobre la violencia de género y la situación de las mujeres en Mérida, Venezuela y el mundo. Marcharon desde la sede del Ministerio Público -frente a la Biblioteca Bolivariana- hasta la Gobernación del estado y la sede del CLEMB. La manifestación culminó en la plaza Bolívar de la ciudad de Mérida, con lectura de comunicados y representaciones artísticas.

Mujeres, activistas y defensores de los derechos humanos de las mujeres se manifestaron en Mérida con pancartas, consignas y una marcha. Foto: ULA Mujer.

Demandas a los órganos de justicia

En una comunicación dirigida al Fiscal Superior del Ministerio Público en Mérida, abogado Israel Silvestre García Osuna, las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres demandaron a este órgano estatal, que representa a los demás órganos de justicia del Estado, lo siguiente:

1. Publicación por parte de los órganos de Justicia del Estado en Mérida de las estadísticas sobre las denuncias de violencia de género recibidas, procesadas y llevadas a juicio, especificando los tipos de violencia, ubicación geográfica de las agresiones, edades de víctimas y victimarios; identidad de género, orientación sexual y otros datos de relevancia para el diseño de políticas públicas, así como planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres por razones de género.

2. Incorporar la perspectiva de género en los procedimientos de recepción de denuncias e investigación y en la valoración de los casos de violencias por razones de género, incluida la violencia sexual en las instancias judiciales competentes.

3. Desarrollar programas de educación y formación dirigidos a los operadores de justicia competentes para aplicar la Ley, en conjunto con la sociedad civil. Recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) para el estado venezolano, y la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Linda Loaiza.

4. Impulsar la creación, de la mano con otros órganos del Estado Venezolano y Sociedad Civil, de Casas de Abrigo en los distintos municipios del estado Mérida, en aras de resguardar la vida e integridad física de las víctimas de violencia contra las mujeres por razones de género que requieren resguardo, tal como se contempla en el artículo 32 de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

5. Dar celeridad a los procesos judiciales de violencia por razones de género y femicidios que presenten retardo procesal y continúen sin sentencia, vulnerando los derechos de Acceso a la Justicia de víctimas, sobrevivientes y familiares.

6. Establecer fecha y condiciones para llevar a cabo una mesa técnica, en la cual víctimas y/o sus representantes presenten casos donde se registra retraso procesal y violencia institucional y articular acciones que protejan los derechos de víctimas y sobrevivientes de violencia por razones de género.

Exigencias y propuestas al Consejo Legislativo del estado Mérida

Una segunda comunicación fue dirigida a las legisladoras que conforman el Consejo Legislativo del estado Mérida (CLEBM). El documento fue recibido por Fabiana Santamaría, quien preside la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de este organismo. A continuación las exigencias y propuestas planteadas ante este órgano:

1. Sancionar leyes estadales que fortalezcan la protección de las mujeres ante toda forma de Violencia de Género; fortalezcan las competencias de los órganos regionales competentes en violencia; y establezcan la corresponsabilidad de todas las instituciones del Estado en la construcción de una sociedad con equidad de género y libre de violencias contra las mujeres.

2. Sancionar leyes regionales contra crímenes de odio y toda forma de discriminación contra las mujeres por razones de identidad o expresión de género, orientación sexual, estado civil, estado serológico, raza, clase social, edad o cualquier otra razón.

3. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, aprobación y ejecución del Presupuesto del estado Mérida así como en las políticas públicas que se generen.

4. Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de leyes y políticas que sean de beneficio para las niñas, adolescentes y mujeres del estado Mérida.

15 organizaciones no gubernamentales suscribieron este 8 de marzo tres comunicados con demandas y exigencias al Ministerio Público, el Consejo Legislativo del estado Mérida y la Gobernación. Foto: ULA Mujer.

Preocupaciones y demandas presentadas a la Gobernación de Mérida

El tercer y último documento plantea preocupaciones y exigencias de las organizaciones manifestantes en relación a las violaciones de derechos que sufren las mujeres en el estado Mérida por su condición de género. Fue entregado en la sede de la Gobernación del estado y dirigido al primer mandatario regional, Jehyson Guzmán. El escrito expone las siguientes preocupaciones de carácter regional:

-El aumento de la violencia por razones de género en el marco de la pandemia por Covid-19, que se refleja en el aumento de femicidios en Venezuela y especialmente en Mérida, donde durante el 2020 ocurrieron 5 femicidios y en el 2021 la cifra ascendió a 10 femicidios y un transfemicidio. Lamentablemente, en 2022, Mérida reportó el primer femicidio del año en Venezuela con la muerte violenta de Mairoby Villareal, a la que se le sumó el femicidio de Adelaida Karina Rojas en días posteriores.

-Las fallas en el sistema judicial que vulneran el derecho del acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia por razones de género y familiares de víctimas de femicidio. De acuerdo a cifras presentadas por el Fiscal General de la República para el 2020, del total de denuncias recibidas por violencia contra las mujeres (27.007) sólo el 8,5% llegó a una acusación ante los tribunales (2.297), lo que implica que el 91,5% de las denuncias por violencia contra las mujeres son archivadas o sobreseídas.

-La falta de estadísticas sobre violencia contra las mujeres por razones de género, violencia sexual y femicidios, que deben ser ofrecidas por los órganos receptores de denuncia, lo que dificulta la generación de políticas públicas, planes y programas eficaces dirigidos a la prevención y erradicación de dicha violencia.

-La falta de perspectiva de género en los programas de educación a nivel preescolar, básica, media y diversificada favorecen la reproducción de estereotipos de género que inciden de forma negativa en el libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños en el estado Mérida.

-La falta de políticas públicas orientadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Mérida. Las políticas existentes e impulsadas desde las instituciones de salud del Estado no cuentan con enfoque de género y refuerzan prácticas de control sobre el cuerpo de las mujeres desde espacios médicos. Ejemplo de esto es el condicionamiento de tener dos o más hijos para acceder a las jornadas de esterilización quirúrgica que han sido convocadas en los principales centros de salud de Mérida.

-La falta de programas públicos de salud que prestan orientación y asistencia médica especializada a madres lactantes y en puerperio, así como la ausencia de lactarios y bancos de leche materna en nuestro estado.

-La falta de programas públicos de prevención, detección, atención y sensibilización de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en áreas rurales y urbanas del estado Mérida, con enfoque de género que brinden atención alejada de estereotipos de género.

-La falta de programas de prevención y atención médica para mujeres con enfermedades crónicas, especialmente cáncer de mama y de cuello uterino orientadas a reducir la morbilidad y mortalidad de estas patologías.

-La falta de políticas orientadas a atender las necesidades de mujeres de la comunidad LGBTIQ, incluidas políticas de prevención de crímenes de odio; atención ginecológica con perspectiva interseccional; y programas públicos de salud para mujeres trans.

En consecuencia, las organizaciones hicieron las siguientes exigencias y solicitudes al gobernador Jehyson Guzmán:

1. Publicación periódica, por parte de los órganos competentes del estado, de estadísticas sobre las denuncias de violencia de género recibidas, procesadas y llevadas a juicio, con las especificaciones indicadas también al Ministerio Público.

2. Modificación del nombre del Instituto Merideño de la Mujer y la Familia a “Instituto Merideño de las Mujeres” y capacitación de su personal para fortalecer sus capacidades e incluir un enfoque de género e interseccional a su gestión que beneficie a todas las mujeres que habitan Mérida, sin circunscribirlas al ámbito familiar.

3. Impulsar la creación, de la mano con otros órganos del Estado Venezolano y Sociedad Civil, de Casas de Abrigo, solicitud que igualmente fue hecha al Ministerio Público.

4. Impulsar programas de capacitación para el personal docente sobre educación para la igualdad y estrategias pedagógicas para la erradicación de estereotipos de género, tal como se contempla en la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.

5. Programas de salud con enfoque integral, preventivo, de género e interseccional, para garantizar el derecho a la salud; los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la vida de todas las mujeres.

6. Creación de Bancos de Leche Materna en el principal hospital del estado Mérida, con personal capacitado para brindar información y orientación a madres lactantes.

7. Creación de programas para la prevención de crímenes de odio hacia las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, así como Programas de Atención Médica para mujeres trans.

Las demandas y exigencias que hoy presentaron por escrito quienes suscribieron los citados documentos han sido reiteradas desde hace décadas, sin que lamentablemente la mayoría de ellas haya sido atendida. Por el contrario, las estadísticas que llevan organizaciones no gubernamentales –ante la ausencia de datos oficiales- muestras graves retrocesos en la garantía de los derechos humanos de las mujeres establecidos internacional y nacionalmente. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sancionada en 2015 y reformada en 2021, es incumplida incluso por los propios funcionarios del sistema de justicia venezolano.  Prensa ULA Mujer.